¿Pueden los detectives privados analizar las bajas laborales sospechosas?

22/01/2014

Si bien las bajas médicas solicitadas por los empleados suelen corresponder a razones legítimas, como enfermedades comunes o accidentes, en algunos casos la empresa puede detectar un comportamiento sospechoso bajo el que podría estar escondiéndose un fraude.

La contratación de detectives privados resulta un asunto delicado, pues entra en juego el derecho de la empresa y el del trabajador, cuya intimidad podría verse en entredicho. Entonces ¿se pueden contratar detectives para analizar estas bajas sospechosas?

 

Una cuestión de límites

Imaginemos que un empleado solicita una baja por una supuesta lesión en la espalda que le impide realizar su trabajo. Un compañero le ve por la calle cargando con unas cajas y avisa al jefe ¿qué puede hacer ante este posible fraude? El empresario deberá cargarse de pruebas para poder ejecutar un despido procedente.

Si nos basamos en las sentencias suscritas sobre la utilización de detectives privados, podemos concluir que estas pruebas incriminatorias son consideradas como válidas ante la justicia, siempre que no se vulnere el derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones.

Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una sentencia en este sentido, reconociendo que aunque el trabajador tiene los mismos derechos que el resto de personas (como el de la intimidad), en los relacionado con el trabajo algunos de ellos se ven algo restringidos, teniendo que cumplir con sus obligaciones y deberes.

De esta manera, la empresa podrá ejercer las facultades reconocidas en el contrato de trabajo, incluyendo la organización del trabajo y su cumplimiento. Así, está habilitado para sancionar aquellos comportamientos que resulten contrarios a sus objetivos y para lograrlo es imprescindible que pueda controlar los comportamientos posiblemente perjudiciales, dentro de lo razonable.

En cualquier caso los detectives tendrán que guardar el secreto profesional debido y no podrán utilizar medios que atenten contra el honor del empleado ni contra sus derechos fundamentales. Grabaciones realizadas en la vía pública serían válidas, pero no la colocación de cámaras dentro del domicilio, por ejemplo.

Los detectives pueden salir caros

Un detective no tiene total libertad de acción, por lo que el empleado no puede ser objeto de una investigación extrema. En esta línea tenemos una sentencia de Junio de 2012 del Tribunal Supremo, que condenó a una empresa a indemnizar al trabajador despedidocon motivo de unas pruebas recogidas por un detective, utilizando medios ilegales.

En dicho caso se colocó un rastreador de GPS en el vehículo del empleado para comprobar si durante su periodo de baja acudía a trabajar a otra empresa, como efectivamente se pudo comprobar.

Por tanto, los motivos expresados en la carta de despido se habían construido sobre pruebas obtenidas vulnerando los derechos fundamentales del trabajador y del despido fue declarado nulo por la justicia.

El empleado pudo elegir entre el reingreso o la indemnización y eligió esta última, por lo que la empresa no pudo ejercer un despido procedente, pero se obligó a costear uno improcedente. La moraleja es que la empresa debe controlar los medios utilizados por los detectives y asegurarse de que no se vulneran sus derechos respetando unos límites lógicos.

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